Escrivá se topa con el rechazo de los socios parlamentarios del Gobierno en la reforma de las pensiones

El Gobierno ha sellado este jueves con los sindicatos y la patronal el acuerdo sobre el primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones, que previsiblemente irá el próximo martes al Consejo de Ministros con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Los principales puntos de la reforma buscan conseguir "un sistema público de pensiones totalmente viable y sostenible", según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la firma del pacto que ha tenido lugar en los jardines de La Moncloa.

Con este acuerdo, además, se vuelve a recuperar el consenso entre el Ejecutivo y los agentes sociales, quebrantado por el Gobierno de Mariano Rajoy al sacar adelante una reforma en esta materia de forma unilateral y sin contar con el acuerdo social.

Precisamente, este primer paquete elimina gran parte de aquella reforma que se acometió en 2013, llevando a cabo dos de las grandes demandas que el movimiento de los pensionistas lleva años reclamando, como la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y la derogación expresa del factor de sostenibilidad. 

Si bien, el indicador que sustituye a este último punto, así como los incentivos para retrasar la edad de jubilación y las modificaciones en las penalizaciones para los trabajadores que adelantan su retiro laboral de forma voluntaria son cuestiones que "inquietan" y "preocupan" tanto a Unidas Podemos (socio del PSOE en el Gobierno de coalición) como a los grupos de los que depende el Ejecutivo en el Parlamento para sacar adelante esta iniciativa ante el previsible rechazo del PP a este plan (lo califican de "error" por derogar su reforma de 2013).

En este sentido, los partidos tendrán la oportunidad de trasladar sus críticas a este acuerdo en la comparecencia que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, realizará previsiblemente el próximo miércoles 7 de julio ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, en la que expondrá las líneas generales de este primer paquete de medidas que, sin embargo, no incluye los asuntos más polémicos de la reforma.

Ajuste en las pensiones para la generación del 'baby boom'

A la derogación del factor de sostenibilidad le sigue un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que, en palabras del propio titular de Seguridad Social, supondrá "un pequeño ajuste en la pensión" para la generación del baby boom, es decir, para los nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970.

El ministro ha explicado en una entrevista en TVE que la generación de los baby boomers es "más ancha", por lo que "deberá asumir algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo". Para ello, ha planteado que tendrán que "elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más".

La propuesta, anunciada el mismo día de la firma del acuerdo, ha sido criticada por los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, quienes —en unas declaraciones recogidas por EFE— han afeado la falta de prudencia del ministro por informar sobre este asunto antes de haber arrancado las negociaciones para definir la fórmula correctora que se empezará a aplicar en 2027.

Asimismo, desde Unidas Podemos muestran "inquietud" por la voluntad del ministro de introducir este nuevo concepto que todavía está por definir y acordar. "Nos tendrá al lado siempre que este trabaje para garantizar un sistema público y unas pensiones suficientes para todas las generaciones. Eso quiere decir actuar sobre los ingresos y no sobre los gastos". En este sentido, recuerdan que el acuerdo de Gobierno de coalición es claro: "Ni recortes ni ajustes en las pensiones; suficiencia, dignidad y financiación para garantizar una jubilación digna", apostillan fuentes del espacio confederal.

EH Bildu ve "preocupante" señalar que se va a dejar a un lado el factor de sostenibilidad y, seguidamente, "hablar de la necesidad de otro indicador apelando a la solidaridad entre generaciones". Tampoco comparte que el paquete de medidas no incluya el aumento de las pensiones mínimas: "Se ha aparcado y dejado de lado el debate relativo a las pensiones más bajas que a día de hoy cronifican la pobreza y la desigualdad".

Por otra parte, rechaza que se mantenga la intención de alargar la edad de jubilación hasta 67 años y se penalice la jubilación anticipada. "Nunca lo apoyaremos. Más aún teniendo en cuenta la precariedad que sufren a día de hoy los jóvenes y las mujeres sobre todo. No todos los trabajadores llegan a los 67 años en condiciones de trabajar", añaden desde la formación.

ERC también descarta apoyar el acuerdo rubricado este jueves si se mantienen las condiciones anunciadas hasta la fecha, tal como han señalado fuentes de la formación republicana a este medio. Asimismo, tanto estos dos partidos como PNV afean, una vez más, que la negociación sobre estas medidas se han llevado a cabo "sin transparencia, a puerta cerrada, y sin contar con la opinión del movimiento de pensionistas ni de las formaciones políticas".