Bustinduy anuncia la reforma del sistema de Dependencia para poner fin a los recortes de Rajoy
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprueba dos normas que "acaban con los recortes y blinda el sistema de la dependencia" pero que necesitarán ser aprobadas en el Congreso.
Madrid--Actualizado a
El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este martes una reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ponen fin a varios recortes que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica.
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de Bustinduy, que pasa por una modificación que "busca promover un cambio de paradigma" para que la sociedad "avance hacia una sociedad de cuidados". Ahora necesitará los frágiles apoyos del Congreso de los Diputados para aprobar las leyes. Unos votos siempre en disputa con Junts.
"Es conocido que el despliegue de este sistema fue lastrado por los gravísimos recortes de los Gobiernos del Partido Popular y lo dejaron en situación crítica. Esta reforma acaba con los recortes y blinda el sistema de la dependencia", ha asegurado el ministro en rueda de prensa.
Claves de la ley
Con esta reforma, el Ministerio de Derechos Sociales "elimina los últimos recortes impuestos por el PP", según explican fuentes del Ministerio. Para ello, suprimen las incompatibilidades entre diferentes prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y quitan también el periodo suspensivo de dos años para recibir la prestación económica de cuidadores familiares. Este plazo permitía retrasar el acceso a la prestación hasta un máximo de dos años después de su reconocimiento. Se reconocen también ayudas para reformar edificios para personas dependientes y se flexibilizan trámites burocráticos.
Aunque en la práctica ya casi no se utiliza, es importante eliminarlo formalmente de la ley para garantizar que no vuelva a aplicarse. Con la reforma, el derecho a las prestaciones económicas se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de la prestación o, si no hay resolución en seis meses, desde ese momento. No obstante, no implica que el pago se realice con carácter retroactivo desde la solicitud. El derecho se activará a partir de la resolución o del vencimiento del plazo de seis meses.
El Ministerio de Pablo Bustinduy acaba así con una medida impuesta durante los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. A partir de ahora, se amplían las posibilidades de acceso a prestaciones sociales. "Permite a las personas recibir varias prestaciones simultáneamente, de acuerdo con sus necesidades y preferencias, sin restricciones administrativas", explican fuentes del Ministerio.
Además, se elimina el periodo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. "Esta modificación restituye los derechos a aquellas personas que aún estaban afectadas por la suspensión", explican desde el Ministerio.
Relacionado con este tema
Trabajo desde las Comunidades Autónomas
Gran parte de la materia legislativa en dependencia y discapacidad corre a cargo de la gestión de las Comunidades Autónomas, de forma que Bustinduy desarrolla un marco legal que estas podrán adoptar si están por la labor. Como con la Ley de Vivienda, la aplicación en su totalidad corresponderá a los gobiernos autonómicos. "Esto establece un marco regulador para que los ciudadanos sepan que pueden tener estos derechos", confirman fuentes ministeriales.
Relacionado con este tema
Se podrá dar que una comunidad autónoma evite legislar a favor de este marco normativo, como ha ocurrido con las residencias de mayores de nueva construcción en la Comunidad de Madrid, más grandes que las recomendadas por el Ministerio. Las competencias legislativas permiten esto, pero el Ministerio quiere dar la batalla por las mejoras en la calidad de vida.
Entre otras medidas, la reforma permitirá que toda aquella persona que tenga reconocida una situación de dependencia reciba también el 33% de discapacidad y quedará prohibido cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros relacionados con la salud y vida.
Las nuevas leyes diseñadas por el Ministerio de Derechos Sociales también habilitan la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar la accesibilidad de los edificios en régimen de propiedad horizontal. Todos los inquilinos que soliciten ayudas para instalaciones para la dependencia deberán ser obligatoriamente escuchados por sus comunidades de vecinos y los ayuntamientos estarán obligados a dar esas ayudas para las reformas de los edificios. También queda reconocida la teleasistencia como derecho subjetivo, de forma que queda reconocido el derecho a recibir una atención sanitaria "sea cual sea el lugar de residencia".
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.