Las comunidades del PP podrán beneficiarse de la condonación de la deuda aunque voten en contra

Ha pasado un año y medio desde que en 2023 PSOE y ERC pactaron la condonación de la deuda a Catalunya en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Durante todo este tiempo, frente a las duras críticas del Partido Popular y en un intento de abrir grietas en los barones de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno ha venido insistiendo en que no se iba a discriminar por territorios; y que todas las comunidades podrían acogerse a esta medida.

Dicho y hecho, a tres días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano de coordinación entre Hacienda y las comunidades autónomas—, María Jesús Montero ha anunciado una propuesta para que el Estado se haga cargo de 83.252 millones de euros de deuda de todas las comunidades autónomas.

Unos minutos antes que ella, Oriol Junqueras, líder de ERC, daba los detalles del acuerdo alcanzado para Catalunya: condonación del 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros. Esto les valió tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Isabel Díaz Ayuso para salir en tromba. Mientras Feijóo habló de una "compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas", la lideresa madrileña dijo que el Ejecutivo imponía "a punta de pistola al resto de los españoles" un "trágala inasumible inaceptable en lugar de que quienes han provocado la deuda en Catalunya empiecen por tomar medidas".

Catalunya no es la más beneficiada, lo es Andalucía

Sin embargo, no va a ser esta la comunidad a la que más deuda perdone el Estado, según la propuesta de Hacienda, sino Andalucía, a la que se le condonarían 18.791 millones de euros. La valenciana es la autonomía más endeudada en el FLA, y la Comunidad de Madrid — 11.210 y 8.644 millones, respectivamente— serían la tercera y cuarta región más beneficiadas. Les siguen Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Canarias (3.259), Aragón (2,124), Baleares (1.741) Extremadura (1.718), Asturias (1.508) y Cantabria (809). La última de la tabla es La Rioja (448).

Algunas de estas regiones, como el País Valencià, Murcia o Andalucía, han coqueteado con la idea de la condonación de la deuda, mostrando las costuras del poder territorial del PP. Pero Feijóo ha tratado de cerrar este mismo lunes cualquier atisbo de discrepancia interna avanzando que todas las comunidades en las que gobierna su partido votarían 'no' a la propuesta de Hacienda. Tajante, el presidente nacional del PP garantizó que ninguna comunidad rompería el frente común contra la quita de la deuda.

"Anteponen la consigna al interés"

Cuando todavía no había intervenido el líder de la oposición, Montero lanzaba esta reflexión sobre lo que esperaba de la postura de los populares: "Confío en que el PP no siga perjudicando a las comunidades autónomas por intentar mantener un relato falso sobre supuestos agravios con Catalunya. No se trata de enfrentar territorios, se trata de aprovechar el impulso político para tener mejores posiciones". "Solo puedo entender que se vote en contra porque uno anteponga la consigna al interés", añadió durante una rueda de prensa en la que explicó la propuesta del Ministerio que dirige y la metodología con la que se llegaron a las cifras por cada territorio. Una información que ya tenían las comunidades autónomas sobre la mesa, dijo.

En el Ministerio de Hacienda consideran que no hay motivo alguno para que el PP vote en contra más allá de intereses políticos y una estrategia de tratar de dañar al Gobierno. "Si cuando llegue el momento no quieren esta quita de la deuda, que salgan a explicarlo a sus ciudadanos", señalan fuentes del equipo de Montero. Además, estas mismas fuentes confirman que por el trámite en sí, una vez aprobada la ley orgánica, todas las comunidades "que quieran" podrán beneficiarse de la condonación de la deuda pese a que el partido que gobierne en cada territorio haya votado en contra previamente. Incluso si también la han rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles.

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Es ahí donde arrancará la tramitación de esta medida, que, con toda seguridad será aprobada: el voto de Hacienda vale el 50%, por lo que, con que una comunidad más lo apoye ya sale adelante. Posteriormente se celebrarán reuniones de carácter bilateral con todas las comunidades autónomas y a partir de ahí comenzará el camino hacia la ley orgánica; esto supone que tiene que haber un anteproyecto de ley, someterse a consulta pública y pedir los informes perceptivos. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros llegará a las Cortes Generales, donde los grupos políticos deberán decidir. "Ojalá la tengamos antes de final de año, vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible", ha destacado Montero.

Así, el 'no' de las comunidades del PP no impide que se puedan beneficiar de la condonación de la deuda una vez se apruebe legislativamente. Para algunos los barones populares, reconocen al menos dos de ellos, será difícil justificar que no aceptan una medida que podría suponer un importante alivio económico en sus administraciones, pero al mismo tiempo insisten en que lo que se necesita es una reforma del sistema de financiación autonómico en su conjunto. Con todo, llegado el momento podrán solicitarlo aunque ahora cierren filas con Génova en su estrategia de oposición al Gobierno.

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¿Una condonación solo al País Valencià?

En el mes de diciembre, durante la Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander (Cantabria), Ayuso —una de las dirigentes más críticas con la condonación de la deuda— abrió una nueva vía por la que se abría a aceptar que una quita solo para el País Valencià. La presidenta de la Comunidad de Madrid defendió entonces que la región que gobierna Carlos Mazón "ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar cosas más necesarias" en este momento y que entendía que se hiciera "un gesto". La propuesta no convenció a todos los barones del PP y este lunes nadie ha vuelto a ponerla sobre la mesa. 

Todos rechazarán la quita el próximo miércoles, aunque ninguno ha garantizado que no esté dispuesto a beneficiarse de ella cuando se aplique.