La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Alvise por financiación ilegal

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al eurodiputado Luis Alvise Pérez por un posible delito de financiación ilegal por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral.

El Ministerio Público ha remitido un informe al alto tribunal en el que solicita que acepte la exposición razonada que le envió hace unos meses un juez de la Audiencia Nacional y abra una investigación contra el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral.

"Compartimos, con el titular del Juzgado Central de Instrucción, que los hechos deben ser calificados, con la provisionalidad propia de esta fase de tramitación del procedimiento penal, como constitutivos de sendos delitos", explica el fiscal en un escrito.

También solicita que "por conexión", el Supremo asuma la investigación contra el empresario Álvaro Romillo como cooperador necesario de los referidos delitos. Fue el propio Romillo quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.

La Fiscalía, además, interesa una serie de diligencias, como recabar del eurodiputado los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF. 

El Ministerio Público ha solicitado, entre otros, los libros de tesorería, inventarios y balances, cuentas de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del tribunal de cuentas.

Igualmente ha pedido un "examen de las cuentas corrientes bancarias" de Alvise y de su agrupación electoral durante 2024. El fiscal, además, solicita que se dicten las órdenes oportunas para la investigación del tráfico de los wallets (cartera virtual) creadas por ambos en las que se realizaron las aportaciones anónimas para financiar la campaña del SALF.

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional, considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo. El juez pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de forma conjunta, al apreciar una "íntima conexión" en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, "la cara y cruz de una misma moneda".

La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público, destinadas a sostener los gastos de su campaña electoral.

Romillo está siendo investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest.