El nieto de la duquesa de Alba dice desconocer cómo funciona la finca que gestiona con nueve pozos ilegales cerca de Doñana
Luis Martínez de Irujo admite que no sabían cuánta agua extraían del acuífero en una declaración ante el juez, que deberá decidir si abre juicio oral contra el representante legal de la Casa de Alba.
Sevilla--Actualizado a
Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, investigado por un posible delito contra el medio ambiente, ha dicho este jueves ante el juez que desconoce el funcionamiento de la finca próxima a Doñana que él gestiona y en la que se extraía agua de hasta nueves pozos ilegales, según ha informado la acusación particular que ejerce Ecologistas en Acción.
Martínez de Irujo Hohenlohe, representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria con la que la Casa de Alba explota la finca Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), ha declarado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor que instruye una causa por la extracción ilegal de agua de nueve pozos, la cual, según un informe de la Guardia Civil, ha causado "daños irreversibles" en el medio ambiente valorados en más de 6 millones de euros.
El investigado únicamente ha respondido a las preguntas del juez instructor, Pablo Aragón, ya que se ha negado a contestar a las de la abogada de la acusación particular y en la declaración no ha estado presente ningún miembro de la Fiscalía, según la letrada presente en el acto, pese a que este caso se inició con una querella del ministerio público.
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Martínez de Irujo Hohenlohe ha dicho al juez que la finca Aljóbar es una herencia de su abuela Cayetana, la duquesa de Alba, y que él se hizo cargo de su gestión en 2016, cuando estaba finalizando la construcción de una balsa de regadío de gran tamaño que hay en medio de Aljóbar y que sí tiene autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pero que desconoce cómo se llena de agua, según la acusación particular.
De acuerdo con su declaración, el representante de la empresa de la Casa de Alba que gestiona una finca de 200 hectáreas desconoce exactamente cómo funciona esa explotación agrícola, con cuánta agua se llena la balsa y de dónde procede. Asegura que él vive a caballo entre Madrid y Sevilla y no está en el día a día de los trabajos en un terreno de naranjos, y ahora también de olivar superintensivo, han añadido las fuentes de la acusación particular. Sí ha reconocido el investigado, en cambio, que carecían de medidores para saber cuánta agua se extraía de cada pozo.
Además, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe ha señalado que fue a raíz de la denuncia que presentó la Confederación Hidrográfica en 2023 por la extracción ilegal de agua en Aljóbar cuando su empresa empezó a regularizar los pozos, aunque también ha afirmado, según la acusación particular, que personal de la CHG había estado otras veces en la finca sin que les advirtieran de esa ilegalidad.
Ni el investigado ni sus abogados han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban a la entrada de los juzgados de Sanlúcar la Mayor. Según la acusación particular, el nieto de la duquesa de Alba solicitó, incluso, al juez poder salir por otra puerta para evitar las cámaras, petición a la que se opuso el magistrado instructor.
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El juez emitió el pasado 31 de enero un auto, tras el informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado por la Fiscalía, que concluye que la extracción de agua de los pozos sin autorización de la finca Aljóbar ha podido causar daños ambientales "colaterales" al cercano Espacio Natural de Doñana.
En el auto se señala que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, por la existencia de ocho pozos no autorizados, "que han sido objeto de precinto" porque volvieron a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos.
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Posteriormente, el juez dictó una nueva providencia en la que elevó a nueve los pozos ilegales que había en la finca de la Casa de Alba, tras una notificación de la Guardia Civil en la que comunicaba, además, el precinto de ocho de ellos y la retirada de todos los instrumentos utilizados para la extracción de agua.
Tal como se recoge en el auto de enero, el informe pericial de la Guardia Civil concreta o individualiza los "daños sustanciales al medio ambiente" que las extracciones ilegales de agua "han podido (o han causado) a ese acuífero y su entorno natural asociado". Sin embargo, el juez entiende que el "elemento típico (el daño causado), no acababa de acreditarse en estos autos" y que ello permite continuar la instrucción judicial con la declaración del representante legal de la empresa explotadora de la finca, que ha tenido lugar este jueves, y la nueva imposición de las mismas medidas cautelares de precinto de los pozos que había levantado en mayo de 2023.
El magistrado destaca en ese auto que, tal como refiere el informe pericial, "se está ante un acuífero que solo se nutre de aguas pluviales y retornos de riego y cuyo descenso piezométrico se produce por los riegos" de las fincas agrícolas. Ese acuífero está conectado con el de Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que "a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de la reserva ecológica tan importante que constituye ese parque natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", precisa.
El magistrado entiende que se deben seguir investigando estos hechos al haber indicios de un "daño sustancial" al medio ambiente con las captaciones de agua de la finca Aljóbar, "con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna", teniendo en cuenta las conclusiones del informe pericial de la Guardia Civil.
Ecologistas en Acción sostiene que, a raíz del "contundente" informe pericial de la Guardia Civil y la declaración como investigado del representante legal de la empresa denunciada, hay suficiente base para llevar a juicio a Eurotécnica Agraria por un delito contra el medio ambiente. El magistrado encargado del caso deberá decidir ahora si abre juicio oral contra el nieto de la duquesa de Alba, tras una instrucción que se inició hace año y medio.
La sobreexplotación del acuífero
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla remitió el informe de la Guardia Civil el pasado 30 de diciembre al Juzgado de Sanlúcar la Mayor que investiga este caso. En su escrito, el ministerio público concluye que la extracción ilícita de agua, "que tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel piezométrico en los últimos cinco años, supone daños importantes para el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles, debido a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices (suelo, agua, biota)".
El informe pericial sobre valoración económica del daño causado por la extracción ilegal de agua subterránea a través de los pozos sin autorización de Aljóbar estima que el valor del recurso extraído entre los años 2014 y 2021 para el regadío de un terreno de 200 hectáreas oscila entre 5,83 millones y 6,18 millones de euros.
La Guardia Civil calcula que en los años analizados se pudieron extraer de forma ilegal del acuífero entre 3,8 y 6,6 millones cúbicos de agua, a lo que se añade la pérdida de valores de los servicios ecosistémicos en el área afectada que ha podido causar también esa práctica fraudulenta, y que calcula entre 62.539 y 113.353 euros. Así que, en total, el informe pericial estima que la valoración del daño causado por los pozos sin autorización de la finca Aljóbar se sitúa entre los 6,10 y los 6,49 millones de euros.
En el informe pericial se analiza también la posible afección a Doñana y se señala que, en este caso, "la importancia de la sobreexplotación del acuífero adquiere un carácter muy relevante", puesto que la circulación del agua subterránea predominante es de norte a sur, "y se encuentra hidráulicamente conectado con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, nutriendo el Parque Nacional de Doñana".
"El agua subterránea de Doñana es es la responsable de mantener de forma ininterrumpida las zonas húmedas, charcas, lagunas, etc. y de inundar las marismas durante parte del año, y sin ellas no hubiera sido posible desarrollar la importante reserva ecológica que representa Doñana, siendo uno de los patrimonios naturales más importantes de la Unión Europea", recalca el informe de la Guardia Civil que ha tenido en cuenta el juez para llamar a declarar como investigado a un miembro de la aristocrática de la Casa de Alba.
En el informe pericial se advierte, asimismo, de los posibles daños sobre la biodiversidad en la zona afectada y sobre la fauna, dado que "el deterioro del Parque Nacional de Doñana cada vez es más notorio y está perdiendo la capacidad de refugio para multitud de aves amenazadas, como es el caso de los gansos o las garzas, que han visto mermadas las poblaciones en los últimos años", se subraya en el documento.
Un caso que empezó a investigarse en 2023
La Fiscalía presentó en septiembre de 2023 una querella por un presunto delito contra el medio ambiente contra la empresa Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, integrantes de una de las más importantes familias aristocráticas y la mayor propietaria de tierras agrícolas de España.
El pasado mes de noviembre, durante una inspección a la finca, la Guardia Civil comprobó que seguía extrayéndose agua de los pozos de Aljóbar sin autorización después de que el juez hubiese ordenado el levantamiento de su precinto cautelar, tras lo cual, en diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir volvió a ordenar sellarlos por la vía administrativa.
Este caso comenzó en la primavera de 2023 con la denuncia que presentó un vecino de la zona ante la Confederación Hidrográfica, donde dijo que había descubierto nueve pozos que estaban ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los cientos de naranjos plantados en la finca Aljóbar. Ante la falta de respuesta, el hombre se puso en contacto con Ecologistas en Acción, que presentó a su vez otra denuncia, también ante la CHG, y que se ha personado como acusación particular en la investigación abierta en el juzgado de Sanlúcar la Mayor.
A raíz de esas denuncias y tras una inspección previa, agentes de la Guardia Civil y de la CHG se personaron en junio de ese año en la finca para sellar de forma cautelar los pozos que habían comprobado carecían de autorización. Pero les negaron el paso. Así que la Confederación Hidrográfica, a través de la Abogacía del Estado, tuvo que solicitar en el juzgado la autorización para proceder al cierre de los pozos, mientras se tramitaba el expediente por una supuesta captación ilegal de agua en un terreno que tan solo contaba con permiso para dos puntos de extracción destinados al riego y una balsa de acumulación.
De forma paralela a la instrucción judicial por un presunto delito contra el medio ambiente, la empresa de la Casa de Alba ha emprendido un proceso administrativo para intentar legalizar en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la situación de los pozos cuyo uso se investiga por la vía penal, transformando de derecho privado a concesión de aguas públicas esas extracciones.
De acuerdo con la solicitud que presentó en la CHG, Eurotécnica Agraria se compromete a reducir de 200 a 161,62 las hectáreas autorizadas para un riego por goteo de naranjos y olivar superintensivo, incorporando los pozos que carecen de permiso, pero sin superar el caudal máximo concedido. Además, asegura que informará a la Confederación Hidrográfica en el primer trimestre de cada año de los volúmenes de agua extraídos y que dispondrá de un libro de control con el consumo mensual.
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