Artículos a 4.800 euros: los convenios con diarios afines al PP camuflan ayudas de la Xunta sin justificar

Los convenios sin concurso público de la Xunta con medios de comunicación afines al PP, que en el primer año de legislatura de Alfonso Rueda han recibido tres millones de euros a través de diversas vías al margen de la publicidad institucional, camuflan en realidad ayudas injustificadas y llegan a establecer pagos de más de 4.800 euros por difundir un artículo y hasta 11.700 euros por una plana de propaganda camuflada de información. Esa cantidad multiplica por varios dígitos la que se paga en el mercado de la comunicación por piezas informativas y de opinión publicadas en prensa de papel o digital o emitidas a través de la radio.

En el último año, la Xunta ha repartido dos millones de euros a través de subvenciones directas entre cinco empresas editoras de periódicos: La Voz de Galicia, Prensa Ibérica –Faro de Vigo, El Correo Gallego de Santiago y La Opinión de A Coruña–, el grupo El Progreso –El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra–, el vinculado a La Región de Ourense y Atlántico Diario de Vigo y la Editorial La Capital –El Ideal Gallego de A Coruña, Diario de Ferrol y Diario de Arousa–.

Además, el Gobierno de Rueda ha entregado a esas empresas otros 1,3 millones a través de convenios bilaterales de colaboración, sin concurso porque en teoría excluyen el lucro de las compañías implicadas, pero que en la práctica las benefician con subvenciones o acuerdos mercantiles disfrazados, no sujetos a los criterios de transparencia, concurrencia y publicidad que deben regir los procedimientos de contratación pública y de concesión de ayudas de las administraciones públicas.

Los convenios de la Xunta de Rueda con esos medios, que se celebran todos los años y que siguen la pauta establecida durante los Gobiernos de Alberto Núñez Feijóo, adolecen de los mínimos mecanismos de control que garanticen la eficacia dele gasto. Contemplan criterios aleatorios de cofinanciación que la Xunta no explica y que no parecen responder a otra lógica que los intereses contables de las empresas editoras. También reservan al Ejecutivo autonómico la posibilidad de influir en los contenidos que se publican, sin que conste obligación alguna para los medios de advertir previamente a los lectores de que se trata de información previamente conveniada. En algunos casos, incluso, de mera propaganda.

Convenios para la promoción del uso del gallego

La Consellería de Cultura, Língua e Xuventude, a cargo de José López Campos, firmó el 16 de mayo del año pasado nueve acuerdos con un presupuesto global de 447.707,97 euros para promover el uso del gallego en los once diarios beneficiarios. En el acuerdo suscrito con La Voz de Galicia, que recibió por ello 149.510,43 euros, se estipula la publicación de un mínimo de 25 reportajes de una página en su suplemento Fugas y de seis piezas de radio a emitir en la cadenpropiedad del grupo. Es decir, una media de 4.822 euros por cada una.

Según el convenio colectivo de La Voz, el salario base de un redactor de la máxima categoría ronda los 30.000 euros anuales. Eso significa que con el dinero del convenio, y si no se lucrase con él, el diario coruñés tendría que dedicar a cubrir el acuerdo con la consellería a cuatro o cinco de sus periodistas mejor remunerados, para que cada uno dedicara exclusivamente su jornada laboral a preparar y elaborar un reportaje o locución de radio cada dos meses.

La Voz de Galicia, propiedad de una fundación que desde la muerte del empresario Santiago Rey preside el periodista Lois Blanco, es con diferencia el medio más beneficiado por las ayudas de la Xunta. Recibió más de 15,8 millones durante los gobiernos de Feijóo y lleva más de tres millones con los de Rueda. El acuerdo de 2024 con la Consellería de Cultura estipula que el dinero público que recibe debe ser destinado íntegramente a sufragar "el coste de la realización de las actividades” proyectadas, “sin que ninguna de las partes conveniantes obtenga lucro alguno".

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La Voz y Faro de Vigo, éste último propiedad de la Editorial Prensa Ibérica de la familia Moll y que por 63.543,40 euros acordó dar cobertura "a un máximo de siete acciones sobre líneas de actuación, programas y proyectos en el ámbito competencial" de la Consellería de Cultura, son los únicos diarios a los que la Xunta exige la publicación concreta de un número de piezas.

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Público

Al resto no les dice cuántas deben difundir, pero los financia igualmente a cambio de condiciones que difícilmente explican el gasto: deben mantener actualizada una web en gallego, no traducir las declaraciones y entrevistas realizadas originalmente en esa lengua, transmitir a sus usuarios su apoyo al idioma de Galicia y emplearla "en las notas necrológicas" (sic), además de otros criterios genéricos difícilmente cuantificables como "ampliar" el uso del gallego en sus contenidos relacionados con el Días das Letras Galegas y el Día de Galicia, o en determinadas secciones o suplementos.

La Consellería de Cultura justifica la necesidad de la inversión en que el plan de normalización del gallego de 2006 la faculta para contribuir "a incrementar anualmente y de manera constante el uso del idioma propio en los medios públicos y privados". Lo cierto es que después de casi dos décadas eso no ha sucedido y la eficacia del gasto parece más que cuestionable. Los mismos medios que se benefician de ese dinero año tras año –diez veces más de lo que obtienen los medios que sí publican íntegramente en gallego– siguen ofreciendo la abrumadora mayoría de sus contenidos en castellano y relegando aquél a una papel accesorio y una presencia residual.

El departamento de López Campos no ha respondido a Público cuando este diario se interesó por los criterios que emplea para establecer las cantidades con las que se supone que cada empresa editorial contribuye al convenio, que también ponen en duda que esos criterios existan realmente: los porcentajes de cofinanciación oscilan entre el 9,4% de La Voz –dice aportar 15.489,57 euros de un total de 165.000– y el 70% de La Opinión, que en teoría sufraga más de 11.100 euros de los 15.900 del total de su acuerdo con la Xunta.

Convenio para la difusión de programas educativos

Entre el 4 y el 7 de octubre de 2024, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que dirige Román Rodríguez, firmó otros ocho acuerdos con las mismas empresas por un total de 275.000 euros. En este caso no hubo cofinanciación, pero sí similares vaguedades y ausencia de normas específicos de control y seguimiento de la eficacia de los convenios.

La Voz de Galicia obtuvo más de la mitad, 140.000 euros, por el programa denominado De cero a cien... na ciencia, consistente en la publicación en su web y su canal de Youtube de las grabaciones de charlas escolares con profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, moderadas por un periodista. Desde que se firmó el convenio se han colgado en la web del diario 11 capítulos, es decir dos al mes. Al mismo ritmo serían 24 en un año, lo que significa que, si no existiera lucro, cada uno debería haber costado una media de más de 5.800 euros.

Faro de Vigo se llevó otros 54.000 euros por el programa Escola en camiño, destinado a divulgar entre los escolares, con artículos publicados en su edición de papel y en la versión digital, "la dimensión cultural, social, económica y humanística del Camino de Santiago". El diario de Javier Moll ha publicado y colgado en su web 12 noticias relacionadas con el programa de este año, que tendrían así un coste de medio de 2.160 euros. 

Esa cifra resulta difícil de explicar si se tiene en cuenta que las otras dos cabeceras gallegas del grupo, La Opinión y El Correo Gallego, recibieron 6.000 euros y 14.000 euros, respectivamente, por convenios idénticos. En la web de La Opinión no aparece pieza alguna de Escola en camiño fechada este año, sólo los 11 de la anterior edición, a una media de 618 euros cada una dado que el convenio de 2023 eran 6.800 euros–. En El Correo Gallego no hay ni una sola entrada del programa de 2024 cuando ya se ha cumplido la mitad del período de vigencia del acuerdo.

Esas incongruencias ponen en duda que los convenios de la Consellería de Educación con los medios tengan ánimo altruista y que el dinero público que aporta la consellería responda a gastos reales de las empresas periodísticas. Más bien semejan ayudas directas otorgadas discrecionalmente en función de la difusión de cada medio. Porque las incoherencias se repiten con el resto de diarios.

Así, para El Progreso, propiedad de Blanca García Montenegro, el coste de organizar y difundir una jornada sobre la situación de la enseñanza rural en Lugo se elevó 24.611 euros, mientras que para el Diario de Pontevedra, también de su propiedad y de tirada considerablemente menor, los gastos de un proyecto casi idéntico sobre el plan de "nueva arquitectura pedagógica” en la ciudad se redujeron a 10.630 euros.

La Región y Atlántico Diario, ambos propiedad de Óscar Outeiriño, firmaron con Educación un acuerdo conjunto similar a los anteriores por más de 24.000 euros, "para acciones de difusión asociadas centrado en los primeros resultados del trabajo del Centro Galego de Innovación de Formación Profesional Eduardo Barreiros", de Ourense.

Por tres veces menos dinero –7.650 euros–, las tres cabeceras de José Collazo –El Ideal Gallego, Diario de Ferrol y Diario de Arousa– hicieron lo mismo para "difundir la figura del matemático Rodríguez, nombrado científico gallego de 2024 con motivo del 200 aniversario de su muerte". Incluso organizaron un certamen escolar de microrrelatos sobre él.

Convenios para la difusión de actividades institucionales

El pasado enero, la Conselleira de Economía e Industria, que dirige María Jesús Lorenzana, firmó con los medios afines al PP otros nueve acuerdos por valor de 297.000 euros en los que se asegura la difusión de entrevistas, artículos y reportajes sobre sus actividades. De nuevo, las cantidades pactadas no parecen responder a los gastos de una acción sin ánimo de lucro, sino a una subvención disfrazada cuya cuantía está en relación con la capacidad e influencia de cada medio.

Así, de nuevo, La Voz de Galicia recibe 149.873,18 euros que la comprometen a la publicación de cinco monográficos de ocho páginas cada uno sobre proyectos de la consellería; la organización y difusión de tres cafés de redacción con altos cargos de la misma, y la cobertura en su emisora de "las iniciativas que se consideren oportunas". Todo teniendo en cuenta "las observaciones que formule" el departamento de Lorenzana "en relación con los datos e informaciones a publicar". Excluída la radio, y si cada entrevista pactada se publicara a doble página, el coste sería de 3.825 euros por cada plana y pieza de propaganda pagada por la Xunta en La Voz y su emisora.

Prueba de la incongruencia de criterios es que en el caso de Faro de Vigo el precio por lo mismo es casi el triple: 11.740 euros por página, dado que el segundo diario de la comunidad obtuvo 58.695,65 euros por organizar "un café de redacción y divugarlo a doble página" y por "elaborar y publicar tres páginas sueltas impares e blanco y negro y en días laborables con noticias de la consellería". De nuevo, la Xunta se garantiza la supervisión del contenido, tal y como recoge el texto del convenio: "Faro de Vigo fija la línea edtorial de los citados espacios informativos [...] No obstante, la Consellería de Economía e Industria facilitará los datos que considere relevantes para su difusión".

Los otros dos diarios del grupo Moll siguen la misma pauta, aunque con enormes diferencias con respecto a Faro en los costes en los que supuestamente incurren por la misma actividad. El Correo Gallego accede por 9.782,61 euros a celebrar "un encuentro periodístico sobre un tema de interés económico y empresarial y a divulgarlo en dos páginas, y a publicar [...] dos páginas relacionadas con la estrategias, programas e inciativas de la consellería". Es decir 2.468 euros por plana. La Opinión compromete por 7.826 euros la publicación de tres con entrevistas o reportajes sobre el departamento de Lorenzana, es decir 2.609 euros por cada una.

La historia ser repite con El Progreso –seis páginas por 29.739 euros, es decir 4.957 euros cada una– y Diario de Pontevedra –11.347,83 euros por tres planas–; y con La Región –cinco por 21.130,43 euros, es decir 4.226 cada una– y Atlántico Diario –tres reportajes o entrevistas por 4.695,65 euros, a razón de 1.565 euros por pieza–. En el caso de los periódicos de La Capital, el supuesto coste de elaborar y publicar propaganda supervisada por la Xunta es considerablemente inferior: 10.173,91 euros por cuatro páginas en El Ideal Gallego, otras tantas en Diario de Ferrol y las mismas en Diario de Arousa, es decir apenas 850 euros por cada una.

140.000 euros por dar información sobre Galicia

En agosto de 2024, y siguiendo la misma línea que sigue desde los tiempos de Feijóo, la Axencia Turismo de Galicia, dirigida por Manuel Merelles, firmo con La Voz de Galicia un convenio de supuesta colaboración que también esconde una ayuda disfrazada de convenio sin ánimo de lucro. El diario coruñés fue el único beneficiado por ese acuerdo, cuyo objeto es "la difusión de contenidos vinculados a Galicia que potencien el turismo".

Las acciones concretas consisten en el compromiso del diario de publicar con periodicidad semanal en una web de la Xunta los reportajes que ya hace para el papel y para su emisora de radio; en "implicar" en ellos "a prescriptores de viajes y firmas de reconocido prestigio", y en traducir al menos dos artículos al mes al inglés y al portugués. La Xunta paga por esas acciones, sin concurso público que permita contratar esos servicios a un precio más competitivo, 140.000 euros. Es decir más que el salario bruto anual de cuatro periodistas con los sueldos base más elevados de la empresa que dedicasen en exclusiva su jornada a esa tarea.