Un juzgado abre una investigación por presunta malversación en los contratos de Salud de Andalucía
La decisión de la jueza tiene lugar después de que Podemos denunciara un fraccionamiento masivo de contratos para evitar la libre concurrencia y beneficiar a empresas específicas por parte del PP.
Madrid--Actualizado a
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias previas para investigar un posible caso de malversación de fondos públicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), relacionado con la adjudicación directa de contratos en la provincia de Cádiz. La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por Podemos, que apunta a un uso irregular de 235 millones de euros en contrataciones sin concurso público.
Según ha explicado en rueda de prensa Raquel Martínez, coordinadora de Podemos en Andalucía, la denuncia se basó en informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que revelaban un "fraccionamiento indebido de miles de contratos menores" en varias provincias andaluzas. Estos contratos, adjudicados entre enero y diciembre de 2021, habrían permitido esquivar los requisitos de publicidad y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, facilitando contrataciones "a dedo".
El informe detalla que, además de Cádiz, se detectaron irregularidades en Huelva, Jaén y Córdoba. En Huelva se adjudicaron de esta manera 91,9 millones de euros (el 46,49% del total de contrataciones del SAS en la provincia), en Jaén 69,8 millones (33,2%), en Córdoba 61 millones (21,9%) y en Cádiz 235,4 millones, lo que representa el 23,2% de las contrataciones totales del SAS en la provincia.
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Uno de los ejemplos más llamativos recogidos en la denuncia es el caso de 507 contratos menores firmados con la farmacéutica Novartis en Córdoba, destinados a la compra de un único medicamento, por un importe total de 2,2 millones de euros. Podemos considera que este tipo de prácticas son una prueba de que se han favorecido adjudicaciones sin control ni transparencia.
El partido presentó la denuncia en un juzgado de Sevilla, que decidió dividir la investigación y remitir los casos a los órganos judiciales de cada provincia. Según fuentes del partido, el juzgado de Cádiz ha sido el primero en tomar la decisión de abrir diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
En un auto emitido en noviembre y dado a conocer este lunes, la jueza del juzgado gaditano señala que las actuaciones presentadas "deben incoarse como diligencias previas", ya que podrían constituir un delito de malversación. Como parte de la investigación, ha solicitado a la Intervención de la Junta de Andalucía un informe detallado sobre las presuntas irregularidades, así como la identificación del funcionario o funcionarios responsables.
Asimismo, se ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Delitos Económicos, que podrá proponer la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos. Contra la apertura de la causa cabe la posibilidad de presentar un recurso de reforma.
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Durante su intervención ante los medios, Raquel Martínez ha calificado los hallazgos como "un fraccionamiento masivo de contratos" que representa un grave perjuicio para el sistema de salud pública. "¿A quién benefician estos contratos a dedo?", ha cuestionado, insinuando que ciertas empresas han recibido adjudicaciones irregulares gracias a sus vínculos con el Partido Popular.
"Sinceramente, yo no conozco a nadie que se dedique a trabajar de intermediario de material sanitario, pero parece que el PP sí los conoce y sus contactos se están embolsando cantidades millonarias", ha denunciado Martínez, apuntando directamente contra la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno.
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Según la líder de Podemos en Andalucía, el Gobierno de Moreno ha respondido a los informes de los interventores que señalaban irregularidades con una "limpia" dentro de la Junta. "En lugar de corregir estas prácticas, lo que han hecho es cortar cabezas y apartar a quienes estaban fiscalizando estos contratos", ha afirmado.
Martínez ha realizado un llamamiento a la sociedad y a los partidos que defienden la sanidad pública para emprender "un trabajo titánico" y evitar así que el dinero de los ciudadanos termine en manos de intermediarios. "Tenemos que asegurarnos de que cada euro invertido en la sanidad pública andaluza se destine realmente a mejorar la atención médica y no a pagar comisiones millonarias", ha concluido.
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