Podemos y MÉS exigen al Gobierno actuar ante la "criminalización" del PP Balears a los caravanistas
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca está promoviendo una ordenanza para multar a las personas que viven en autocaravanas, empujados por los altos precios de la vivienda, con sanciones de hasta 1.500 euros.
Podemos y MÉS per Mallorca han registrado una serie de iniciativas parlamentarias para pedir al Ejecutivo que se mueva e impida lo que consideran un atropello del PP.
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Madrid--Actualizado a
Podemos y Més per Mallorca han registrado, este martes, un conjunto de iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a que actúe ante lo que consideran un atropello del PP en Illes Balears con respecto a las personas que viven en caravanas en Palma de Mallorca. Se trata de ciudadanos que no pueden acceder a una casa, piso o habitación por culpa de los altísimos precios que está alcanzando el mercado de la vivienda en la capital balear y se ven obligados a vivir en ese tipo de vehículo. Según un estudio de la universidad de las islas, muchos de esos residentes en autocaravanas son trabajadores con sueldos de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales.
El último movimiento de los populares en Palma ha sido la aprobación inicial de una ordenanza municipal que incluye multas de entre 700 y 1.500 euros a las personas que viven en autocaravanas, algo que, según insisten fuentes tanto de Podemos, como de Més, no es legal, toda vez que ninguna ley prohíbe pernoctar en un vehículo. Se trata de una norma que aún no está aprobada, pero que, habida cuenta de la correlación de fuerzas en el consistorio balear, contará con el apoyo necesario.
La acción del PP responde, más bien, a "tratar de tapar todo lo feo" de la isla para seguir vendiéndola como un lugar "idílico", desliza Javier González, un pensionista cuyo sueldo no alcanza "siquiera a pagar una habitación". Los dos partidos insisten en que, en este punto, ya son "personas con sueldos y trabajos estables" las que están viéndose expulsadas del mercado de la vivienda. "Y no contentos con esa situación, ahora el PP quiere multarlos", se queja Lucía Muñoz, concejal en el Ayuntamiento de Palma por Podemos y exdiputada en el Congreso.
"Se trata de una criminalización de la pobreza", explica Vicenç Vidal, diputado de Més per Mallorca dentro del Grupo Plurinacional Sumar. Con las iniciativas registradas este martes, ambas formaciones esperan que el Gobierno ponga de su parte para aliviar el mercado habitacional balear y que se pronuncie sobre la decisión del PP de multar a los caravanistas, aunque son conscientes de que es posible que tengan que terminar judicializando el asunto.
Comparecencia de la ministra de Vivienda
Con todo, Ione Belarra y Vicenç Vidal han registrado una petición de comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tanto para que explique "qué medidas piensa tomar el Gobierno para solucionar la crisis de Vivienda que atraviesa Balears", como para que explicite si piensa tomar acciones en lo referente a las multas a los caravanistas o a la "vulneración del derecho al padrón" en la que también incurre la ordenanza que ha diseñado el Ayuntamiento de Palma.
Además, Podemos ha registrado una PNL para incidir en eso. Según explican los morados en la exposición de motivos, recientemente una moción propuesta por Vox y apoyada por el PP se ha traducido en visitas domiciliarias de la Policía Local para "detectar empadronamientos ilegales".
"El empadronamiento es un requisito esencial para acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación, y su restricción puede agravar la exclusión social de colectivos ya de por sí vulnerables", explican en la iniciativa. Incluso Cáritas ha llegado a denunciar esta práctica.
Podemos insta al Gobierno a que se asegure de que no se vulnera el derecho al padrón en Balears, a que tome medidas contra la "criminalización de pobreza" y que garantice una alternativa habitacional para las personas que sufren los estragos de la crisis de la vivienda. Palma se encuentra entre las ciudades con unos precios más altos por la voracidad del sector turístico. En el mismo sentido, los morados han registrado preguntas por escrito para que las conteste el Ejecutivo.
Con todo, este movimiento conjunto de un partido ubicado en el espacio de Sumar —MÉS per Mallorca— y Podemos es una rareza en el Congreso, toda vez que desde que los de Díaz y los de Belarra rompieran su vinculación, las relaciones en la Cámara Baja son siempre tirantes.
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